Después de 14 meses con los cinemómetros fuera de funcionamiento, el gobierno provincial lanzó el proceso de licitación pública para reactivar el sistema de control de infracciones de tránsito en rutas nacionales y provinciales.
La convocatoria corresponde a la Licitación Pública Nº 71, impulsada por la Subsecretaría de Compras y Suministros, con apertura de sobres prevista para el lunes 29 de septiembre.
Un sistema paralizado y el fin de un contrato
Los radares permanecen apagados desde mediados del año pasado, tras la necesidad de reglamentar su uso. A esto se sumó el vencimiento, en enero, del contrato de concesión que la Provincia mantenía desde hacía cinco años con la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (Cecaitra), que recibía el 48% de lo recaudado por multas.
En junio, el gobierno provincial habilitó una iniciativa privada presentada por la firma Brocart S.A., lo que derivó en este nuevo llamado a licitación abierto a todas las empresas interesadas en hacerse cargo del servicio.
Condiciones del nuevo contrato
El pliego no establece un presupuesto base, sino que indica que cada oferente deberá definir el porcentaje que pretende percibir por la prestación, con un límite máximo del 45% sobre los montos recaudados mensualmente.
La licitación contempla un contrato por cinco años, con la posibilidad de prorrogarlo por única vez hasta 24 meses adicionales. Una vez adjudicado, la empresa ganadora tendrá un plazo de diez días para presentar un plan de trabajo con el cronograma detallado de instalación y ejecución.
Ubicación de los radares
Los cinemómetros bajo jurisdicción provincial estaban ubicados en los accesos de Villa Regina, Lamarque, Río Colorado, Cipolletti, Campo Grande y Sierra Grande, todos sobre rutas nacionales. Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, adelantaron que esos mismos puntos volverán a contar con radares, aunque no se descartan nuevas locaciones.
Cláusulas de rescisión y forma de pago
El contrato otorga al Ministerio de Seguridad la facultad de rescindir el acuerdo en cualquier momento, sin necesidad de fundamentar la decisión, siempre que la notificación se realice con al menos 60 días de antelación. En ese caso, la empresa no podrá reclamar indemnización ni compensaciones por lucro cesante.
En cuanto al pago, se establece que la Río Negro Fiduciaria S.A. será la encargada de distribuir los fondos obtenidos por multas de tránsito, con transferencias mensuales a la firma concesionaria.
