El Gobierno provincial resolvió la intervención de la Asociación Civil Cooperadora Policial de la Unidad Tercera de Roca, luego de detectarse diversas irregularidades administrativas y contables. La medida fue adoptada por el Ministerio de Gobierno, Trabajo y Turismo, a cargo de Fabián Gatti, tras un pedido realizado por el jefe de la Policía, Daniel Bertazzo, a comienzos de julio.
La resolución, publicada en el Boletín Oficial, fundamenta que la decisión busca «normalizar el funcionamiento, garantizar el cumplimiento de las normativas y resguardar el interés público».
Ocho años sin asambleas y falta de información clave
De acuerdo con lo informado, la Cooperadora no convocaba a asambleas ordinarias desde hace más de ocho años, y tampoco cumplía con la obligación de informar los movimientos económicos, como lo establece la resolución 1529/10. Entre los datos omitidos se encuentran los ingresos diarios, cuotas sociales, donaciones, aportes públicos y privados, así como los egresos y gastos, que deben ser reportados mensualmente a la Jefatura con la documentación respaldatoria.
La última rendición de cuentas conocida data de junio de 2018. Además, el organismo presentaba irregularidades desde el ejercicio 2016, al no haber realizado las asambleas generales ordinarias ni el tratamiento de memoria y balance, como tampoco la elección de autoridades, incumpliendo de esta manera su propio estatuto.
Consecuencias institucionales
El incumplimiento también derivó en que la Cooperadora quedara en situación irregular ante el Ministerio de Seguridad y Justicia, lo que le impidió recibir aportes provinciales y nacionales, principales recursos para su funcionamiento.
En junio de este año, alrededor de 530 socios recibieron notificaciones por correo electrónico informando el cese del servicio de monitoreo de alarmas que prestaba la entidad en la ciudad.
Intervención y designación de un responsable
El Ministerio señaló que el mandato del presidente de la Cooperadora, Jorge Quiroz, ya estaba vencido y que actualmente no había comisión directiva en funciones. Ante este escenario, la Inspección General de Personas Jurídicas solicitó la intervención de la institución.
La medida, dictada bajo el amparo del Decreto Nº 1157/85, establece que la cooperadora podrá ser intervenida cuando se constaten irregularidades administrativas, contables o de funcionamiento.
Finalmente, se dispuso la intervención de la Cooperadora por un plazo de 180 días, con el objetivo de normalizar su situación. Como interventor ad honorem fue designado Mario Alberto López.
