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ROCA: procesamiento y preventiva para el ACUSADO de BALEAR a BRIGITTE

Se confirmó el procesamiento con prisión preventiva contra un hombre acusado de intentar asesinar a una mujer trans en Roca el pasado 13 de enero.

Así lo confirmaron los jueces de la Cámara Criminal Segunda de la Segunda Circunscripción Judicial.

Daniel Alonso está detenido acusado de intentar asesinar a una trabajadora sexual trans en Roca.

Hay importante evidencia en su contra, como el reconocimiento positivo en rueda de personas que hizo la víctima, Brigitte Nieto, y la pericia balística a la pistola 9 milímetros hallada en su casa.

En su resolución, los camaristas Gastón Martín, María Evelina García Balduini y Oscar Gatti ratificaron los cargos que pesan sobre el imputado Daniel Nicolás Alonso por el presunto delito de “homicidio simple en grado de tentativa, agravado por la utilización de un arma de fuego, en concurso ideal con portación de arma de fuego de guerra sin la debida autorización legal”. La decisión que confirmó en todos sus términos la resolución dictada por el juzgado de Instrucción N° 4 fue dictada el pasado 16 de marzo.

Al interponer su apelación contra el procesamiento y la prisión preventiva, los defensores particulares Oscar Pineda y Pablo Iribarren sostuvieron que el imputado “actuó en el marco de la legítima defensa” o, como segunda hipótesis, con “exceso en la legítima defensa”.

En cuanto a la medida cautelar de detención, reclamaron que se deje sin efecto afirmando que no están presentes los riesgos procesales que la justifican, enfatizando en el “arraigo” de Alonso en la ciudad por tener aquí “la familia, la vivienda y el trabajo”.

En cambio el fiscal de Cámara Andrés José Nelli solicitó la confirmación de la resolución por entender que “el arma fue disparada en una zona vital, dejando abandonada a la víctima”. Negó, además, la versión del imputado en cuanto a la existencia de un elemento punzo cortante en poder de la víctima.

Para confirmar la prisión preventiva los jueces tuvieron en cuenta “la gravedad y la violencia del hecho” así como “las amenazas de muerte que ha sufrido la víctima”.

También valoraron la información aportada por la Oficina de Atención a la Víctima y el cuadro probatorio que “en principio, compromete seriamente la responsabilidad penal del encartado”, entre otras circunstancias que incrementan los riesgos procesales.

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