Investigada por los jueces federales Norberto Oyarbide y Claudio Bonadío por presunta comercialización de medicamentos falsos, la firma Droguería Urbana fue primero suspendida por el Instituto Provincial de Seguro de Salud (Ipross) de Río Negro y luego borrada del registro de proveedores de la provincia. No así en Neuquén, donde sigue habilitada para presentarse en las licitaciones del Instituto de Seguridad Social (ISSN).
Después de que, en mayo último, la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal confirmara el procesamiento del presidente de Droguería Urbana, Marcos Hendler, dictado por el juez del mismo fuero, Claudio Bonadío, el gobierno rionegrino ordenó que la droguería fuera excluida del registro de proveedores por el plazo de un año o “hasta que se dicte el sobreseimiento o absolución de sus responsables”. Unos meses antes el Ipross había dispuesto dejar de entregar a sus afiliados productos de Urbana y la devolución de los que no habían sido entregados.
La investigación de Oyarbide imputó a Hendler la venta de medicamentos vencidos, adulterados en su contenido o envase, y que no estarían dentro de la cadena de comercialización legal o que habrían sido robados. Bonadío lo acusó de haber defraudado a la Administración de Programas Especiales del ministerio de Salud de la Nación. También allanó la obra social del sindicato de Camioneros (Obra Social de Choferes de Camiones, Oschoca) que lidera el secretario general de la CGT, Hugo Moyano.
Una pericia dictaminó que entre los medicamentos secuestrados en el allanamiento había troqueles falsificados, y Moyano declaró que era absurdo que lo vincularan a la “mafia de los medicamentos”. En Río Negro también se encontraron troqueles adulterados en los medicamentos entregados a algunos afiliados del Ipross. (DRN)
Consultado por este diario, el administrador general del ISSN, Marcelo Berenguer, informó el pasado miércoles que Droguería Urbana seguía siendo proveedora de la obra social neuquina. Explicó que esa droguería seguía inscripta, sin objeción alguna, en el registro de proveedores de la provincia, y también en el que lleva la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat). La habilitación fue otorgado por la disposición número 4139 del 26 de julio de 2010 por un plazo de dos años. (DRN)
