Unos 70 propietarios de vehículos radicados en Río Negro que no hicieron el “chequeo” mecánico fueron multados, a diez días de iniciado el operativo de control de Revisión Técnica Obligatoria (RTO).
Diez de ellos, al quedar expuestos frente a este incumplimiento, decidieron abonar la sanción en forma voluntaria siendo beneficiados con un descuento del 50% (ver aparte), según el registro de la Subsecretaría de Transporte confeccionado en base a las actas giradas por la Dirección de Seguridad Vial.
La mayoría de los casos proviene de controles oficiales realizados en inmediaciones de Las Grutas.
Las restantes 60 están siendo sometidas a procesos de trámites administrativos con notificación fehaciente a los infractores, quienes tienen un plazo de 72 horas para efectuar los descargos correspondientes.
“Algunos descargos señalan que no habían hecho el trámite porque no conocían la ley (de obligatoriedad)”, explicó a “Río Negro” el subsecretario Juan Ignacio Ciancaglini.
El Estado provincial decidió reeditar y comenzar una segunda etapa de cobro de infracciones tras un convenio firmado entre los ministros de Obras Públicas, Carlos Valeri, y de Seguridad, Gastón Pérez Esteban; tras mantener diversas reuniones el año pasado en procura de prevenir siniestros viales durante la temporada estival en curso.
Esta exigencia comenzó a operar el 15 de enero en el marco de un vasto operativo iniciado por ambos organismos y la Policía rionegrina con 550 efectivos.
En ese sentido, se acordó incorporar a los controles habituales de documentación del conductor y del vehículo, la exigencia del certificado vigente de la RTO, en función de que constituye el único diagnóstico homologado que permite conocer el estado general del vehículo.
Esta medida da cumplimiento a lo exigido por la ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial Nº 24449, la ley provincial Nº 2942, y decretos reglamentarios, los cuales establecen que la RTO. es obligatoria y exigible.
Los únicos certificados válidos son los otorgados por la plantas verificadoras habilitadas y reconocidas por la provincia para realizarlas, que fueron concesionadas a la prestadora Técnica Sur en el marco de la Licitación Pública Nº 01/2014.
La cláusula 5° estipula que de la totalidad del monto recaudado un 50% va a la cartera de Seguridad y el resto para Transporte. Los ingresos deberán ser destinados exclusivamente a la compra de insumos para los organismos mencionados. En la aplicación original de la ley 2942, a principios de 2000, la Policía provincial había comenzado a aplicar multas que quedaban sin efecto si en 30 días los propietarios de vehículos cumplían con la exigencia. Luego, los controles se fueron relajando y la fuerza policial –al no contar con incentivos para financiar parte del reequipamiento– diluyó los controles.
