GENERAL ROCA – La causa penal por la supuesta estafa que se habría producido en la comercialización de las 167 viviendas que el Sindicato de Trabajadores Viales construye en Roca, está paralizada.
Sin juez y con varias diligencias todavía sin resolver, el expediente se encuentra “freezado” y los damnificados creen que puede generarles mayores perjuicios de los que ya vienen padeciendo en los últimos años.
La abogada Celia Delgado y varios de sus representados, se manifestaron preocupados por el estado en el que se encuentra la causa. Sabido es que el juez Juan Torres pidió una licencia por enfermedad y que hace algunos meses le llegó la jubilación por lo que su cargo está en plena etapa de concurso en el Consejo de la Magistratura.
La última diligencia que figura en el expediente data del 6 de julio cuando Carlos Sansuerro -titular del gremio- y Carlos Iturburu -gerente de la administradora del plan, House Vial- estaban convocados para ampliar su declaración indagatoria.
Sólo el dirigente de Viedma se presentó a brindar su testimonio ya que Iturburu nunca más volvió a tribunales.
“Nadie lo mandó a llamar. Ya deberían haberlo hecho y nadie se mueve. A cualquier persona que no se presenta en tribunales lo van a buscar por la fuerza pública. El expediente está paralizado”, comentó ayer una de las denunciantes, quien calificó como “sorprendente” la situación.
Lo insólito es que los pasos procesales continuaron corriendo y por ahora es incierto el futuro de los dirigentes que están apuntados de llevar adelante la maniobra.
Otro dato que llama la atención es que la semana pasada, la abogada Celia Delgado, solicitó al juez civil Richar Gallego, una serie de medidas cautelares para que se paralice la entrega de las primeras 87 viviendas que ya se encuentran finalizadas, se inhiban los bienes de los imputados y que no se comercialicen más viviendas.
Todo ello atento a la causa penal que se instruye en el juzgado 8. Para contar con mayores elementos y de esa manera evaluar la situación, el titular del Juzgado Civil, Comercial y Minería 5, solicitó informes a ese tribunal pero hasta el momento no recibió ninguna notificación sobre el estado de la causa. “Estamos sobrepasados de trabajo”, le habría reconocido un funcionario judicial de ese juzgado a una de las denunciantes.
Mientras tanto y según trascendió ayer, otro grupo de damnificados se estaría organizando para presentar una nueva denuncia contra estas dos organizaciones atento a que estas personas habrían quedado afuera del listado final de adjudicatarios. Esa nómina todavía no fue dada a conocer oficialmente por el IPPV. (DRN)
