VIEDMA – El ministro de Gobierno de Río Negro, Diego Larreguy, declaró ayer en calidad de indagado por una de las causas judiciales en la que se encuentra involucrado. Se trata de la contratación directa de una empresa por servicios de asesoramiento y consultoría de comunicación y publicidad para la cartera de Gobierno.
El hecho que se investiga ocurrió en Viedma entre enero y abril de 2010 en ese ministerio.
La semana próxima el ministro Larreguy deberá regresar a Tribunales. Esta vez por la causa que investiga el pago de presuntos sobresueldos en el Ejecutivo rionegrino, hecho en el que también se encuentran involucrados otros ministros del gabinete de Miguel Saiz.
Entre otros conceptos el ministro argumentó ayer ante el juez penal Carlos Reussi que esa contratación pasó por los órganos de control del Estado sin que se haya formulado ningún tipo de observación. Además dijo que no tiene trato con los directivos de la empresa y que la conoce por haber realizado en su momento una campaña para su padre y para la Fiesta de la Manzana.
Tras aclarar que desde hace tiempo mantiene una enemistad manifiesta con el padre del denunciante Martín Soria, añadió que por esa contratación no se efectivizó ningún pago.
En esta causa se le imputa a Larreguy la contratación irregular de la firma “Versión Sur SRL” por 420.000 pesos y con la cual habría mantenido trato profesional con anterioridad a asumir el cargo de ministro.
En este sentido se le reprocha no haber cumplido con lo que fija la Ley N° 3186 de Contrataciones del Estado, procurando con ello favorecer indebidamente a esa empresa que no compitió con otras y que fue contratada en forma directa por un monto superior al que permite la norma y sin justificar la necesidad de hacerlo por esta vía, que también está contemplado en esa ley.
La firma -propiedad de Sergio Iglesias y Gustavo Romeo- no figuraba como proveedora de la provincia, otro de los requisitos que se debe cumplir. De esta forma, Larreguy como administrador de fondos del Estado por el cargo que ocupa habría violado sus deberes perjudicando los intereses confiados ocasionando un perjuicio económico al erario público, más allá que no se le haya abonado a la empresa, pago que podría reclamar.
Larreguy declaró bajo la imputación de los delitos de “defraudación a una administración pública, negociación incompatible con el ejercicio de la función púlica e incumplimiento de los deberes de funcionario”.
A Tribunales llegó acompañado por su abogado, Hugo Lapadat, y funcionarios de Gobierno. (DRN)
