Durante los últimos seis años el Sindicato de Trabajadores Viales de Río Negro y la Cooperativa House Vial –que conducen Carlos Sansuerro y Carlos Iturburu– comercializaron lotes y viviendas en varias ciudades de Río Negro, que terminaron con más de 800 damnificados que habrían abonado a estas dos entidades una suma que podría superar los siete millones de pesos.
Al menos ésas son las cifras que se desprenden de los distintos procesos penales que se llevan adelante en Roca, San Antonio Oeste, Villa Regina y Viedma, y del promedio que abonaron los denunciantes a través de los planes prometidos que en su mayoría nunca se concretaron o bien se hicieron sólo en un porcentaje.
Si la tabla se encabeza por el número de damnificados, Roca lleva la delantera. Las fuentes judiciales consultadas hablan de casi 400 denuncias por estafa que se habrían concretado desde el 2005. El proceso comenzó con el plan de las 20 Viviendas que el gremio construyó en inmediaciones al barrio Parque San Juan, donde un mínimo porcentaje de las mismas fue entregado a los afiliados. El resto fue a parar a manos de funcionarios y allegados al radicalismo rionegrino.
Según consta en la causa, en ese momento el propio Sansuerro les habría dicho “quédense tranquilos, a ustedes les va a tocar una casa en las 167 Viviendas”.
Para septiembre del 2007 el cupo para ese plan habitacional se había completado. Fuentes judiciales estiman que desde ese tiempo a la fecha, todo “fue sobreventa”. Hasta ayer, el Ministerio Fiscal tenía en su poder 336 presentaciones, pero la Unidad Fiscal de Atención Primaria siguió entregando turnos a los damnificados. Podrían llegar a 400.
Se pagaron cifras que fueron desde los 8.000 a los 16.000 pesos. Si se toma un promedio de 12.000 pesos, lo recaudado podría ascender a más de 4,8 millones de pesos. A ese monto se le debe sumar la cifra que varios de los inscriptos pagaron por los paredones y los sanitarios de los baños, sumas que iban desde los 2.000 a los 3.000 pesos.
En esta causa también está imputado Gustavo Otero, funcionario del IPPV.
En San Antonio Oeste, 260 vecinos firmaron convenios con Sisvial, la cooperativa que depende del gremio liderado por Sansuerro. El dirigente había anunciado que mediante esa cooperativa se realizarían las obras de prefactibilidad sobre tierras fiscales que el municipio (a cargo por entonces del actual legislador Adrián Casadei) le cedió con esa finalidad al IPPV. Allí se levantarían casas que luego se abonarían en cuotas. Para adquirir una de estas parcelas con servicios y obras básicas, se pagaron 4.000 pesos. Sansuerro prometió que de las 260 viviendas en pugna 146 se construirían en dos etapas, en la primera de ellas se levantarían las 86 que ya están culminadas y ahora están tomadas por los varios de los inscriptos.
En Villa Regina la causa había dado pasos importantes el año pasado cuando el fiscal Andrés Nelly pidió la detención de Iturburu, quien junto a Sansuerro se encuentran procesados. Entendió que existía una presunta estafa al no existir loteo tal como se había planteado en los contratos de compra venta, tampoco convenio con el IPPV para la construcción de las viviendas. Además el terreno sobre el cual se planteaba la construcción del plan se encontraba hipotecado al momento de la venta, y había además sobreventa.
La detención de Iturburu obedeció a que ya cuenta con una condena por estafa del 2005. El pedido del fiscal nunca prosperó.
La causa se inició en el 2009, a partir de la denuncia que realizó ante la fiscalía N° 2 la defensora del Pueblo, Ana Piccinini. Se promovió la acción por el presunto delito de estafa en 102 casos; aunque el número podría trepar a partir de un reempadronamiento que realizó el municipio reginense para la construcción de las 80 viviendas, que finalmente impulsó la comuna. Se pagó en promedio cifras que van desde los 4.500 a los 6.000 pesos.
En Viedma se calcula que pueden llegar a ser unas 50 las familias perjudicadas por el sindicatos y la cooperativa House Vial. En el primero de los casos, la agrupación gremial afectó a quienes compraron lotes a partir del 2006, con la promesa de que se les entregaría una vivienda del IPPV. El instituto provincial, finalmente, construyó sólo 54 viviendas, pero el sindicato había vendido más de 80. Fueron 23 familias las que reclamaron ante la Justicia Civil. En tanto, durante algunos meses, un supuesto referente de la Cooperativa House Vial, en la misma sede del Sindicato de Viales, vendió lotes a una veintena de personas en una parcela que no está urbanizada. Por esa causa también se investiga un supuesto delito de estafa. En total, en ambas situaciones, se calcula que medio centenar de familias fue perjudicado en la ciudad. Según los casos, pagaron entre 6.000 y 20.000 pesos por terreno. En total más de 800 familias resultaron damnificadas (unas 2.400 personas) que habrían pagado en total 7.025.500 pesos en promedio.(DRN)
