Legisladores del Frente para la Victoria denunciaron ante el Consejo de la Magistratura a los integrantes de la Cámara Primera del Crimen quienes permitieron la libre circulación por el plan habitacional de House Vial, que actualmente sigue usurpado por un grupo de personas estafadas.
Fueron los legisladores Tania Lastra y Luis Mario Bartorelli quienes efectuaron el martes la presentación contra los jueces María del Carmen Vicente, Carlos Ernesto Vila y Julio Martínez Vivot, por presunto mal desempeño en sus funciones.
“A partir de este innovador fallo, que sin lugar a dudas no podemos considerar sino como verdaderamente insólito, cada presunto damnificado de la estafa privada perpetrada por la firma House Vial, queda judicialmente amparado para continuar cometiendo el delito de usurpación que se viene investigando”, alegaron los representantes del oficialismo.
Cabe recordar que tras la ocupación ilegal de las viviendas de un pequeño grupo de damnificados, el juez Daniel Tobares dispuso una medida cautelar que permitía la salida de los ocupantes del predio ubicado en las calle Bermejo y Gadano pero no los autorizaba a reingresar. También dispuso una guardia policial para resguardar el perímetro del loteo.
Pero la Cámara Primera hizo lugar a un pedido de los abogados de los damnificados quienes consideraron que Tobares había adoptado una medida “ofensiva y contradictoria con los principios de razonabilidad y del respeto de la dignidad humana”.
El fallo, consideraron los legisladores, “constituye una clara intentona que no busca sino alentar a la comisión de similares delitos en distintos puntos de nuestra provincia, en donde también existen familias que alegan ser estafados por los responsables de la firma House Vial”.
Por otra parte, el otro grupo de damnificados que no usurparon viviendas rechazaron en las últimas horas la propuesta del gobernador Alberto Weretilneck de adjudicar por sorteo las viviendas construidas y las que se van a levantar en un futuro. La abogada Celia Delgado aseguró que en el proceso de mediación el IPPV ya había aceptado una serie de criterios que los propios damnificados aprobaron a través de una asamblea. Para ello tomaron dos ejes fundamentales en derecho que son “primeros en el tiempo primero en el derecho y el principio de equidad”, explicó la abogada.
