El camino hacia la reforma del Código Procesal Penal de la provincia dio ayer un paso trascendente al escucharse, en el marco de la reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura, la voz de juristas, funcionarios del Poder Judicial y autoridades acerca del proyecto que se debate en el ámbito parlamentario, elaborado por el Ejecutivo rionegrino.
En esa comisión, que preside la legisladora Nelly Meana, se escuchó la opinión de técnicos en Derecho Penal, como el caso del destacado abogado Alberto Binder y de Oscar Pandolfi; referentes de organizaciones no gubernamentales que trabajan en pos de la participación ciudadana, como Cecilia Lorenzo; y del presidente del Superior Tribunal de Justicia, Alberto Balladini y de la Procuradora General, Liliana Piccinini.
El titular del STJ destacó que “es necesario un proceso de reforma hacia el sistema acusatorio, pero esa nueva visión de la política procesal nos impone una planificación integral, donde debe prevalecer una coordinación cuidadosa de todos los sectores”.
En la reunión plenaria convocada por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Legislatura, para analizar el proyecto para reformar el Código Procesal Penal de Río Negro, Balladini consideró “imprescindible” cumplir con ciertas pautas antes de sancionar un nuevo Código de Procedimiento. “Debe existir un programa de implementación para poner en claro cuáles serán los recursos que el Estado afectará para el cumplimiento de los fines establecidos en el nuevo código”, señaló.
“Es importante que se cuente con estadísticas que permitan conocer detalles de cada una de las reformas emprendidas y también de llevar a cabo un monitoreo permanente, ya que es significativo tener datos concretos en materia de evolución del delito, funcionamiento del sistema judicial y desarrollo del sistema penitenciario”, enfatizó.
Por su parte, la procuradora Piccinini sostuvo que “el Ministerio Público en particular y el Poder Judicial en general, han madurado lo suficiente para dejar atrás el procedimiento mixto para avanzar hacia el sistema acusatorio. No hay discusión sobre la necesidad de la reforma”.
No obstante, Piccinini, expresó reparos constitucionales para la implementación de juicios por jurado, sugiriendo que la incorporación de ese debate en el mismo marco que la reforma del Código hacia un sistema acusatorio sólo implica una demora en ese tránsito hacia una indefectible modificación en los mecanismos de investigación, en relación con la cual hay casi total acuerdo. (DRN)
